Les dejamos dos artículos sobre Ayotzinapa.
Ayotzinapa, otra vez
Luis Hernández Navarro
Angel Aguirre Rivero y el gobierno federal se vistieron de gloria. A las 12 horas del 12 de diciembre estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa organizaron un bloqueo en la salida de la autopista de Chilpancingo a Acapulco. Pedían una audiencia con el gobernador. La policía lo rompió a balazos. El saldo provisional es de dos muchachos muertos, Gabriel Echeverría de Jesús, de 20 años, y Jorge Alexis Herrera, de 21, varios heridos graves, otros más desaparecidos y, al menos, 50 detenidos.
Los jóvenes estudiantes campesinos de Ayotzinapa exigían la solución a un pliego petitorio que presentan cada año. Sus demandas son relativamente sencillas de resolver. Piden que los 35 pesos diarios por muchacho que se asignan cada día para que realicen las tres comidas, se incrementen. Demandan que se reparen los baños, los dormitorios y las instalaciones de la escuela, que tienen ocho años sin mantenimiento. Solicitan que la matrícula anual de 140 alumnos de nuevo ingreso aumente a 170. Exigen que el promedio mínimo aprobatorio para los alumnos que recién entran sea de siete. Requieren becas para los egresados.
Por pedir una entrevista con el mandatario Ángel Aguirre Rivero para solucionar estas demandas los balacearon, golpearon, persiguieron, asesinaron, hirieron, detuvieron y torturaron. El gobernador Ángel Aguirre y el gobierno federal pueden sentirse orgullosos.
El requisito más importante para ingresar a Ayotzinapa es la falta de recursos económicos. Cada año, se organiza una selección en que participan tanto las autoridades educativas como los estudiantes. Ellos vigilan que los alumnos de nuevo ingreso sean hijos de campesinos pobres y que sepan trabajar el campo. Cada muchacho que entra a la escuela tiene el consentimiento de la sociedad alumnos.
En Guerrero hay nueve escuelas normales públicas. Ayotzinapa es la única rural. Fue fundada hace 83 años. Allí comenzaron sus estudios de normalismo Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y Othón Salazar. La matrícula escolar es de cerca de 500 alumnos, todos de extracción humilde. Son hijos de campesinos pobres de la Montaña, Sierra y Costa Chica de Guerrero, y de comunidades rurales de Chiapas, Puebla, Morelos, Veracruz y Sonora.
El rezago educativo en la entidad es enorme. Según el Censo de Población de 2010, de los 3.4 millones pobladores que tiene Guerrero, 680 mil no están alfabetizados y 1.3 millones no concluyeron la primaria o la secundaria. Es tan grave el problema que el noveno considerando de la Ley Educativa de la entidad reconoce: estamos rezagados en alfabetización, en educación prescolar, en primaria y en secundaria.
Las normas rurales son una de las pocas vías de movilidad social al alcance de los jóvenes en el mundo campesino. En ellas se tiene acceso a educación, hospedaje, alimentación y, posteriormente, con suerte, trabajo calificado. Los niveles de escolaridad y de vida existentes en estas escuelas son muy precarios. La contradicción entre escasez de medios materiales y pujanza juvenil y espíritu de superación provoca que dentro de estas instituciones prosperen las actitudes y posiciones políticas radicales. Las expectativas de ascenso social no son solamente un hecho individual, sino que involucran a las familias de los estudiantes y con frecuencia, a sus poblados de origen. El destino que tengan los muchachos con sus estudios afecta la vida de sus comunidades. Lo que sucede con sus escuelas no es un hecho ajeno a ellas.
Las normales rurales son una herencia de la escuela rural mexicana y del cardenismo. De las 36 instalaciones que funcionaron en el país hoy sólo sobreviven 16. Muchas de ellas fueron cerradas a raíz del movimiento estudiantil de 1968. Otras, como resultado de la huelga general que protagonizaron entre julio y agosto de 1969.
Los estudiantes están organizados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Sus objetivos originales pueden resumirse en: proporcionar una educación democrática; participar en la vida económica de las escuelas, sobre todo en el manejo correcto de los dineros destinados a la alimentación; mejorar la salud, vestuario y alimentación; respetar, conservar y usar adecuadamente los edificios, talleres, equipos de dormitorio, comedor y bienes destinados por el gobierno federal para uso de los alumnos; respetar el funcionamiento de las sociedades de alumnos, y, la selección del personal, especialmente de los catedráticos.
Gobernadores, autoridades educativas de todos los niveles y dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se han propuesto acabar con las normales rurales. Especialmente, Elba Esther Gordillo las detesta. El 5 de agosto de 2010, al participar en el seminario La nueva sociedad: una nueva educación y una nueva política, sentenció: “Hemos planteado muchas veces a las autoridades –dijo– que si se cierran algunas de las normales rurales va haber mucho alboroto de los jóvenes. No se olviden que las normales rurales han sido semilleros de guerrilleros, pero si no hacemos esto van a seguir con lo mismo”.
Formalmente, durante dos sexenios Guerrero ha estado gobernado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que declara defender la educación pública. Sin embargo, su mandatario hasta 2011, Zeferino Torreblanca, quiso reducir la matrícula escolar de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y acabar con la alumnocracia y el desorden, que, según él, privan en la institución escolar. Se negó a dar empleo a alumnos egresados de esa institución porque –dijo– son vándalos.
El gobernador actual, Ángel Aguirre, visitó la escuela en septiembre de este año, se tomó la foto y se comprometió a resolver las demandas estudiantiles. Allí dijo que el recurso para la dieta, que es utilizado para la elaboración de los alimentos diarios, hoy se los incrementamos a 50 pesos porque no era posible que comieran con 10 pesos al día. Pero no cumplió sus promesas y los jóvenes comenzaron a movilizarse nuevamente a comienzos de noviembre.
Cansados de que no se les hiciera caso, los normalistas tomaron la carretera, como han hecho tantos otros grupos sociales a los que el gobierno no escucha. Como respuesta fueron baleados. Esa es la democracia guerrerense, así es la democracia mexicana.
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Luis Hernández Navarro
Ayotzinapa
Guerrero es uno de los tres estados del país con mayor rezago educativo. Al menos 107 mil 672 niños de cinco a 14 años de edad no asisten a la escuela en la entidad, según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Es tan grave el problema que el noveno considerando de la Ley Educativa de la entidad reconoce: “que estamos rezagados en alfabetización, en educación preescolar, en primaria y en secundaria”.
Ironías de la nueva izquierda. Los planteles escolares de la entidad cierran por falta de maestros, pero el gobierno se niega a contratar más educadores. Tres mil personas cobran salarios en la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) sin laborar, pero 75 jóvenes que terminaron sus estudios de normalistas y que desean trabajar no tienen empleo.
Guerrero está gobernado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que declara defender la educación pública, pero su mandatario Zeferino Torreblanca quiere reducir la matrícula escolar de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y acabar con la “alumnocracia” y el “desorden”, que, según él, privan en la institución escolar. Se niega a dar empleo a 75 alumnos egresados porque –dice– son “vándalos”.
El pasado 14 de noviembre la policía desalojó brutalmente del Congreso estatal a los muchachos, cuando realizaban una protesta. El gobernador sostuvo que su gobierno “hizo cumplir el estado de derecho”. Carlos Reyes, presidente del Congreso y militante del PRD, solicitó la intervención policial. El secretario de Gobierno, Armando Chavarría, ordenó actuar a la fuerza pública. El presidente del partido del sol azteca, Sebastián De la Rosa, respaldó la represión. En cambio, el diputado perredista Ramiro Solorio apoyó a los muchachos y criticó al mandatario. De inmediato se le amenazó con hacerle juicio político.
En Guerrero hay nueve escuelas normales públicas. Ayotzinapa es la única rural. Fue fundada hace 80 años. Allí estudió Lucio Cabañas, el mítico dirigente guerrillero. Egresó como profesor a los 27 años.
Quedan en el país solamente 16 normales rurales, todas bajo acoso gubernamental. Sus alumnos se aglutinan en la organización estudiantil más antigua de México: la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). Lucio fue su líder nacional en 1961, cuando todavía existían 28 escuelas de este tipo.
La matrícula escolar de Ayotzinapa es de 535 alumnos. Calzan huaraches. Todos son hijos de campesinos pobres de la Montaña, Sierra y Costa Chica de Guerrero. Serlo y tener certificado de bachillerato son condiciones para ingresar. Esta institución es una de las pocas opciones de movilidad social que tienen. A diferencia de otros maestros que buscan trabajar en las grandes ciudades, los que terminan sus estudios en ella desean enseñar en comunidades pobres y marginadas.
Al ingresar, los jóvenes viven internados en la escuela, reciben una beca de 35 pesos diarios y tres comidas al día en el comedor. El presupuesto para alimentación por alumno apenas alcanza 45 pesos diarios. El internado cuenta con dormitorios, baños y lavaderos muy modestos. En las áreas de cultivo los alumnos siembran, crían animales y preparan alimentos.
El director es nombrado por la SEG. Sin embargo, no puede tomar decisiones sin consultar al comité de estudiantes. Como sucede en todas las normales rurales, los jóvenes participan en la administración de la escuela y en las decisiones que los afectan.
Para el secretario de Educación del estado, el autogobierno y la educación rural son “costumbres” con las que hay que acabar. Asegura que ha llegado el momento de que los estudiantes entiendan que “lo que tradicionalmente venía ocurriendo ya no va a ocurrir”.
El conflicto no es nuevo. Cada año hay problemas similares con los normalistas que terminan sus estudios y requieren empleo. Y se resuelven negociando. Ciertamente hay obstáculos para ello. Durante las pasadas administraciones priístas la educación fue la caja chica de los mandatarios en turno. El ex gobernador René Juárez creó alrededor de 10 mil plazas sin tener los recursos presupuestales para mantenerlas. La SEG arrastra un déficit presupuestal de mil 500 millones de pesos. Además hay 3 mil aviadores.
Pero el problema de Ayotzinapa puede resolverse. Por ejemplo, quitando las plazas a quienes no trabajan. U ocupando las de los maestros que se van a jubilar. Hay más de 7 mil profesores con más de 30 años de servicio que están listos para retirarse.
¿Por qué entonces la bronca no se soluciona? Básicamente porque el gobernador no quiere hacerlo y porque ha mostrado una enorme falta de pericia política. Desprecia a los jóvenes estudiantes campesinos y no entiende la importancia de la educación rural. Privilegia los desplantes autoritarios a la negociación y el diálogo. Se comporta con los muchachos con una intransigencia y una rigidez que no tiene hacia los hoteleros que violan las disposiciones ambientales.
Othón Salazar, el legendario dirigente magisterial guerrerense, levantó la voz para condenar la agresión contra los normalistas. “No se vale echar mano de la acción represiva –dijo–. Toda aquella persona que le interese resolver los problemas de Guerrero debe conocer qué razones tienen los jóvenes para plantear sus inquietudes.”
En sentido contrario de lo que afirma el gobernador y buena parte del PRD estatal, el profesor Salazar ve en Ayotzinapa “la única señal de vitalidad que todavía le queda a la nueva generación del estado de Guerrero. Hay que mantener a salvo la dignidad razonable para exigir derechos legítimos, en este caso de la muchachada de la normal rural. Es terrible que tenga uno que conseguir las cosas arrodillándose ante el poder”.
Ayotzinapa es, entre otras muchas cosas más, la muestra del fracaso de la descentralización educativa, pero también de cómo un partido que quiere a toda costa hacerse del poder se divorcia de su historia y su programa.
